El acuerdo suscrito entre la Federación Española de Rugby y Alcobendas para tratar de sacar al rugby del agujero negro en el que se encuentra inmerso por sus propios errores no ha sido respondido con una salva de aplausos. Al contrario, la opinión mayoritaria es que no se ha hecho justicia. A muchos aficionados les escuece, porque no lo comprenden por qué al club donde se cocinaron las trampas por parte de tres de sus miembros para habilitar a un jugador suyo, que no cumplía ni de lejos los requisitos de elegibilidad para que pudiera jugar con la selección española, se le haya quitado la multa de 60.000 euros. Todo a cambio de retirar un recurso contra la propia FER, lo que le lleva a asumir su descenso a División de Honor B y a acatar su descalificación para disputar la última final de la Copa del Rey, así como realizar trabajos en beneficio del rugby.
Vaya por delante que los actuales responsables de la FER y del ARU están limpios de polvo y paja en este asunto. Tal vez la gente lo desconozca, pero los acuerdos extrajudiciales son mucho más frecuentes de lo que se piensa. Por ejemplo, en casos tan delicados como todos los relacionados con la violencia de género, de las 3.422 sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid casi la mitad (40,81 por ciento) lo fueron por conformidad entre las partes. No es extraño, por tanto, que Federación y club hayan optado por pasar página aunque se echa de menos un poco más de transparencia. La decisión se entiende aún mejor si se tiene en consideración que la iniciativa para llegar a ese acuerdo no es de parte, sino a instancias del Consejo Superior de Deportes. El peligro de no salir del abismo en años podía seguir latente sine die.
¿Por qué? Cuando se analiza con detalle la labor del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre los distintos recursos interpuestos a raíz de la descalificación de España de la próxima Copa del Mundo de rugby, sus resoluciones resultan un tanto desconcertantes. Así, cuando los antiguos responsables de la Federación decidieron actuar contra Alcodendas por el tema de la falsificación de los documentos de Gavin van den Berg, la respuesta del TAD fue la de que no se podía responsabilizar a todo un club de aquella acción. Razonaba que como ya se habían autoinculpado tres personas por estos hechos, no se podía extender la responsabilidad del acto a todos los estamentos del club. Por tanto, dejaba sin efecto el descenso a División de Honor B y la sanción económica impuesta por la FER.
Hay más. El Gernika Rugby Taldea denunció a Alcobendas por alineación indebida. De manera un tanto frívola, la FER entendió que había expirado el plazo para que los vascos hicieran ese tipo de reclamación y les dio con la puerta en las narices. Los basurdes llegaron al TAD, que rectificó los postulados de “extemporaneidad” esgrimidos por la Federación, y pidió que la denuncia se empezara a investigar desde el principio. La cosa acabó con el retorno de los vascos a División de Honor y con el descenso de los madrileños. Por si alguien se ha perdido con todo este embrollo, cabe destacar que el TAD nunca entró a valorar el fondo de la cuestión. La Federación lo único que tuvo que hacer es recuperar al Gernika para jugar en la élite de rugby en una liga de trece equipos. Un mal menor, dadas las circunstancias.
Ocurre que Alcobendas tenía intención de recurrir la decisión adoptada por la FER. De hecho, disponía de bazas que podían enfangar de nuevo al rugby español. Viene a cuento recordar la peculiar interpretación que hizo el TAD sobre la responsabilidad de un club a la hora de falsificar los papeles de un jugador para que pudiera ser elegible. No resulta descabellado pensar que el Tribunal Administrativo del Deporte pudiera llegar a la misma conclusión con el tema de la alineación indebida de Van den Berg y cargar con toda la culpa a las tres personas que se autoinculparon en todo aquel affaire. De ser así, las posibilidades de anular la competición liguera y hasta el título de Copa obtenido por El Salvador se antojan bastante reales.
Con este panorama no parece aventurado intuir que este acuerdo puede ser difícil de explicar pese a que a la larga pueda resultar beneficioso para el rugby español. No cabe hablar de un perdón generalizado puesto que las tres personas que se autoinculparon siguen inhabilitadas y sus sanciones económicas están pendientes de hacerse efectivas en tanto en cuanto se sustancien los recursos que han planteado. De hecho, la actual federación no ha dado tampoco ningún paso para retirar las denuncias que presentó el antiguo equipo gestor contras los ex miembros del Alcobendas. Tampoco le salió gratis a la antigua federación su dejadez a la hora de actuar, porque se fueron a sus casas dos años antes de que expirara su mandato.
Las críticas más duras de algunos aficionados vienen por la condonación de la multa a cambio de la realización de labores en beneficio del rugby, algo que en principio parece bastante ambiguo. Es una fórmula que empleaba el juez Emilio Calatayud para que la prisión no fuera el único castigo a los delincuentes menores de edad. El magistrado condenó a un joven que había hackeado a varias empresas a impartir 100 horas de clases de informática a estudiantes y a otro a realizar cien horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin licencia. Es cierto que se podía haber acordado una moratoria de la multa, un alargamiento de los plazos de cobro o una reducción de la misma como muestra de buena voluntad. Sin embargo, se ha optado por una fórmula que a corto o medio plazo puede tener consecuencias funestas si a los clubes les da por amenazar con recurrir a la justicia ordinaria si no le retiran la sanción impuesta.
A algunos aficionados les chirría la mano tendida con que ha actuado la Federación con el Alcobendas. No les basta con el lavado de cara que han hecho los madrileños con su actual Junta Directiva, incluida la elección de un nuevo presidente. No se conforman con que el castigo se limite a bajarles a División de Honor B cuando en tan solo un año pueden recuperar la categoría. Hay quien recuerda que no hace mucho un equipo de Santander descendió a regional porque su patrocinador les dejó tirados pocos días antes de empezar la competición o que el equipo de Orense fue obligado a descender dos categorías, con multa incluida, por renunciar a jugar en División de Honor B pocos días antes de comenzar la competición.
La labor pedagógica resulta vital a la hora de adoptar decisiones de este calado. Aplaudir o criticar estos comportamientos careciendo de toda la información solo contribuye a encender el fuego que algunos creían ya apagado. El rugby español merece saber la verdad en este caso y en todo lo que queda por salir porque es mucho lo que está en juego. Una decisión sensata puede convertirse en impopular si nadie es capaz de explicarla en su contexto. Lo bueno es que aún hay tiempo, lo malo es que el tiempo se agota.
