El club inglés de rugby más laureado en este siglo corre el riesgo de desaparecer víctima de sus propios errores aderezados, tal vez, con algo de prepotencia. Los Sarecens, un equipo con 143 años de historia a sus espaldas, tomó el camino más corto para conseguir títulos dejando lo del fair play financiero para otros. Hace ya 20 años la Premiership Rugby impuso un límite salarial con el acuerdo de todos los clubes para tratar de mantener la sostenibilidad financiera y hacer una liga lo más competitiva posible. El conjunto londinense ha hecho una interpretación muy particular de esos acuerdos y la cosa le ha salido francamente mal.
Las consecuencias deportivas, de momento, se reducen a restarles 35 puntos en la clasificación de la actual liga donde tras disputarse tres jornadas, con dos victoria y una derrota, ocupan el cuarto puesto. Por tanto, empezarían la cuarta jornada como últimos en la tabla y con -26 puntos. Elucubrando un poco y haciendo las cuentas de la vieja cabe recordar que el equipo que juega en el Allianz Arena obtuvo el año pasado al término de la fase regular previa a los play offs 78 puntos, una circunstancia que de repetirse dejaría al equipo de Londres con 52 puntos. Esto evitaría el descenso pero le impediría jugar la European Champions Cup de la temporada 2020-21.
En el plano extradeportivo las consecuencias suponen una multa de más de seis millones de euros (5.360.252 libras) Y todo por infringir el tope salarial durante las tres últimas campañas, las mismas donde ganaron dos League Premiership (liga inglesa) y otras dos European Champions Cup. La pérdida de 35 puntos en la clasificación está prevista cuando el incumplimiento salarial supere anualmente los 750.000 euros (650.00 libras) y la multa económica es de tres libras por cada libra siempre y cuando rebase 350.000 lo que lleva a deducir que el club pagó anualmente a sus jugadores de forma irregular 1.780.000 libras, esto es, más de dos millones de euros. A esta sanción se puede sumar otra de 58.000 euros por no haber acudido este miércoles en Cardiff a la presentación de la próxima edición de la European Champions League, competición de la que es el actual campeón.
La llegada del profesionalismo a mediados de la década de los noventa al rugby inglés atrajo a los grandes inversores que vieron una oportunidad en un deporte que tenía muchos seguidores pero que sobrevivía a duras penas y a base del espíritu altruista de quienes lo practicaban. El mítico zaguero escocés Gavin Hastings llegó a confesar en alguna ocasión que ellos mismos se tuvieron que comprar la camiseta con el escudo del cardo porque en la federación no había dinero ni para eso. Nigel Wray, un adinerado empresario vinculado al sector inmobiliario, apostó en 1995 por hacerse con las riendas de un club ubicado en Londres. Lo primero que hizo fue tirar de talonario y fichar a estrellas mediáticas que estaban ya a punto de colgar las botas como el apertura australiano Michael Lynagh, el centro francés Philippe Sella o el hombre que levantó la primera Webb Ellis Cup para Sudáfrica Francois Pienaar.
Tardó un tiempo y sólo a partir de la temporada 2010-11 fue cuando empezó a ver brotes verdes en forma de victorias en competiciones tanto locales como internacionales. A este empresario, a quien se le calcula una fortuna que ronda los 406 millones de euros (350.000.000 libras), las cosas le habían ido siempre viento en popa en sus negocios. Fue uno de los primeros inversores en Domino´s Pizza y cuando comprobó que ya había ganado bastante dinero vendió sus acciones en 2013. Su fama de hombre de éxito en los negocios viene dada también por haber sido accionista de otras compañías de relumbrón como Carlton Comunications o Singer & Friendlander.
Para evaluar los daños colaterales que las sanciones pueden acarrear a la reputación del equipo basta con echar un vistazo a su plantel de estrellas: un campeón del mundo (Vincent Koch), ocho subcampeones (Owen Farrel, Maro Itoje, los hermanos Willy y Mako Vunipola, Kyle Sinckler, George Kruis, Jamie George y Elliot Daly) y un semifinalista como el galés Liam Williams. Ahí es nada. Se les acusa tanto a ellos como al resto de la plantilla de haber cobrado más dinero del que aparecía reflejado en sus contratos, es decir, de haber violado las normas que establecen un tope salarial en la Premier.
Se está a la espera de cuantificar de forma individualizada las supuestas trampas, dado que la Premiership Rugby se ha limitado a decir que no se efectuaron pagos “convencionales” a los jugadores en las tres últimas temporadas. Mientras, desde el club se ha anunciado la interposición de un recurso al castigo al tiempo que deja entrever que todo se ha podido deber a una negligencia aunque eufemísticamente lo denominan “error administrativo”. Aun así, no parece que la sanción se haya tomado muy a la ligera porque el club ha sido investigado los últimos nueve meses. El Panel Independiente, presidido por un antiguo juez de la Corte Suprema de Reino Unido como Lord Dyson, estuvo reunido durante cinco días entre los meses de septiembre y octubre antes de tomar una decisión que no iba más allá de asegurar que el club no había revelado los pagos a los jugadores y que se excedió en el límite máximo para los pagos.
Lo que la Premiership League considera como una violación del tope salarial, el propietario de los Saracens lo entiende como una “coinversión” en distintos negocios de él con sus jugadores. Dicho de otra forma, Wray explica que no se trata de sobresueldos sino de inversiones que se realizan dentro del compromiso que el club adquiere con sus jugadores para garantizarles cierto bienestar. Suena a matiz tramposo, pero jurídicamente puede presentar dudas porque, de hecho, esos ingresos extras están al margen de la cantidad de dinero que se refleja en los contratos que se han examinado con lupa.
La disparidad de criterios se sitúa además en el concepto salario. La legislación laboral británica incluye en dicho término a cualquier forma de percibir remuneraciones, emolumentos, ganancias o incentivos por parte de los jugadores. Dicho así, la defensa de los Saracens se quedaría sin argumentos y se podría demostrar que esas “coinversiones” sólo tendrían como objetivo burlar con apariencia de legalidad los límites salariales establecidos. Por ejemplo, Owen Farrell es accionista junto a Nigel Wray de la sociedad financiera Faz Investments Ltd. Se trata de una compañía creada el 20 de septiembre de 2017 por Kamal Shah, un antiguo gerifalte de los Saracens. Los hermanos Vunipola son accionistas junto a su presidente de VunProp Limited, una empresa que se decida a la compraventa y alquiler de inmuebles, lo mismo que Maro Itoje con la empresa MN Property Solutions Ltd. La solución jurídica tardará en llegar está por ver cómo afectará tanto a los jugadores y como al club.
